ADMINISTRACIÓN CIVIL ROMANA: LA CIVITAS

Siguiendo con este “ciclo” de historia administrativa romana, entro ya de lleno en la forma básica de organización del Alto Imperio: la civitas. Roma fomentó desde el principio la creación de ciudades en todo el Imperio. Para hacerlo, el sistema general fue “atraer” a las comunidades indígenas hacia ciudades ya existentes en las que se celebraban reuniones anuales con las diferentes tribus (conventus). En ellas se centralizaba la administración romana y el culto a los dioses, tanto indígenas como romanos. Esta “atracción” supuso la romanización progresiva de esas tribus que fueron abandonando sus tradiciones y estructuras políticas mientras asumían las romanas. Esto contribuía, además, a debilitar los lazos tribales, basados en una aristocracia agraria y militar y a fusionar estas tribus con otras gentes, sobre todo latinas. El espíritu de colectividad indígena fue sustituido entonces por el individual romano. La “asimilación” se completó mediante el respeto por las clases dirigentes indígenas, a las que se “recondujo” hacia el prestigio político, al estilo romano, dentro de la ciudad. De esta manera se garantizaba su fidelidad a la Urbe.

Las ciudades, como ya comenté, eran básicamente de dos tipos: los municipios, antiguas ciudades indígenas que recibían colectivamente el derecho de ciudadanía, algo que suponía que la ciudad indígena debía “refundarse” como municipium civium Romanorum (municipio cívico Romano), lo que obligaba a sus habitantes a renunciar totalmente a sus antiguas fórmulas administrativas, adoptando las romanas, y las ciudades que no contaban con el derecho colectivo de ciudadanía. Entre ambas, sin embargo, existía un tipo especial de ciudad: el municipio latino. En ellas tampoco existía el derecho colectivo de ciudadanía, pero los indígenas recibían una carta de municipalidad latina, que otorgaba derecho a la ciudad a recibir, en un futuro próximo, la carta de ciudadanía romana y, por tanto, de municipio cívico. En este caso y en el primero, los habitantes, ciudadanos y latinos, tenían el derecho de ejercer cargos municipales en su ciudad, tras ser elegidos por sus conciudadanos.

Las otras ciudades, llamadas en general peregrinae (extranjeras en cuanto al derecho romano) no tenían estatuto jurídico y eran reguladas unilateralmente por Roma, a través de pactos que la capital podía revocar en cualquier momento. Sin embargo, ni la Urbe ni los gobernadores solían intervenir en ellas, por lo que, de hecho, se regían por leyes propias y tradicionales.

El régimen municipal de las capitales, municipios romanos y municipios de derecho latino se basaba en unas “ordenanzas” dictadas por el propio emperador, lo que hace suponer que se trataba de un régimen uniforme en todo el Imperio. Sin embargo, esto no impedía que la ciudad, con el territorio que la rodeaba, fuera una entidad autónoma. Se trataba de una “autonomía” limitada, claro está, que mantenía la supremacía del poder central y que consistía en reforzar el prestigio, social y económico, de las antiguas clases dirigentes indígenas a cambio de hacerse responsables del funcionamiento del ente autónomo ciudadano. De esta manera, la gestión política de estas ciudades estaba en manos de cuatro o seis magistrados, elegidos cada año, y de un consejo municipal vitalicio (ordo decurionum). Todos estos cargos eran honoríficos, es decir, gratuitos, con lo que se aseguraba que sólo los ciudadanos con mucho tiempo libre y gran capacidad económica podían ocuparlos. Además, teniendo en cuenta que la ciudad era también económicamente independiente y que se mantenía con las aportaciones de sus ciudadanos y los medios propios, provenientes sobre todo de las zonas agrarias, estos dirigentes políticos debían aportar su capital privado para financiar casi todas las actividades de la vida ciudadana: fiestas, juegos, abastecimiento de agua, de artículos de primera necesidad, así como repartos excepcionales de dinero y regalos entre los ciudadanos. Lejos de ser una carga, estas aportaciones se convertían, en el alto Imperio, en una especie de pugna entre las familias más ricas para ostentar un mayor prestigio social. Por el camino, el embellecimiento de sus ciudades se hacía notable. En el bajo Imperio, fue precisamente la ruina de muchas de estas familias lo que llevó al ocaso de la ciudad y, por lo tanto, del propio Imperio.

En definitiva, el municipio es un ente autónomo en su constitución interna, con leyes propias, patrimonio propio y derecho a elegir magistrados, establecer tributos y a administrar los propios bienes. Y todo ello, dentro de un sólido vínculo con la metrópoli, Roma. La ciudad comprendía, aparte de la ciudad propiamente dicha, el territorio rural, en el que se incluían las comunidades más pequeñas (pagus, vicus, fora, castellum) que no tenían administración propia y dependían de aquella tanto para las necesidades administrativas como religiosas, que se desarrollaban en el foro de la civitas.

Los habitantes de la ciudad que fueran además “ciudadanos romanos” eran de tres tipos: los civis o municeps, que además de tener la ciudadanía romana, residían en la ciudad y los incolae o residentes, ciudadanos romanos que residían de forma permanente en una ciudad, pero habían nacido en otra, de la que no perdían el origio o “nacionalidad”, y los hospite, advenae o adventores, libres que residían de forma temporal por razones de estudio, trabajo, etc. De los tres, los dos primeros estaban obligados a aceptar la munera (cargas municipales), pero sólo los civis podían optar a la magistratura. Eran elegidos a través de comicios electorales en los que participaban los ciudadanos romanos a través de un sistema bastante complejo: unas unidades de votantes que formaban, cada una de ellas una especie de corporación con sus representantes, reuniones especiales, etc.

La complejidad del sistema, y sobre todo, las cargas financieras que suponía el cursus honorum, obligó a que el senado de cada ciudad acabara ocupándose directamente de la elección desde el siglo II. A partir del siglo III, cuando la crisis del Imperio comenzaba a hacer mucho más onerosa la carrera política, la elección se hizo directamente entre los miembros de la curia municipal, con lo que el pueblo dejó de ejercer ese derecho.

El gobierno de la ciudad era ejercido por cuatro magistrados divididos en dos grupos: los duumviri iure dicundo y los diumviriri aediles potestate, a los que se añaden, en algunas ciudades, los quaestores. Gobernaban durante un año y al finalizar su mandato se unían a la curia municipal o senado. Los primeros (duumviri iure difundo) tenían el derecho y la obligación de desarrollar, junto con la curia municipal la administración de los asuntos municipales, así como la representación de la ciudad en el “exterior”, es decir: mantener correspondencia con la administración provincial y el poder central, recibir al emperador, a miembros de la familia imperial y altos funcionarios, firmar tratados o acuerdos públicos con otras ciudades, etc. Los aediles tenían varias funciones entre las que se encontraban, la policía de la ciudad y seguridad pública (cura urbis); vigilancia general sobre el mercado (cura annonae), o lo que es lo mismo, cuidar el abastecimiento, la calidad de los géneros, precios, pesos y medidas. Por último, también les correspondía regular los juegos públicos (cura ludorum).

En cuanto a los quaestores, si los había, tenían como función cuidar las arcas municipales. Es decir, actuaban como tesoreros.

La tercera institución fundamental de la ciudad era el ordo decurionum, formada por los antiguos magistrados de la ciudad. Tenía unos cien miembros que formaban el consejo municipal y se ocupaba de todas las cuestiones de interés general: gestión de capitales, trabajos públicos, tributos, ceremonias, sacrificios, fiestas y juegos anuales, otorgamiento de honores, etc. A partir del siglo II, con la pérdida de poder de los magistrados, este consejo fue acaparando todo el poder municipal hasta llegar a anular las asambleas populares que elegían a los magistrados de la ciudad.

En general, este era el funcionamiento de una ciudad romana en el Alto Imperio (siglos I y II) A partir del siglo III fueron cambiando las cosas hasta la total desaparición de la ciudad y la huída a grandes villas rurales de las clases pudientes. Esto, como ya comenté, junto con las invasiones de los pueblos bárbaros, supuso el fin del mundo clásico y el comienzo del feudalismo.

Pero eso ya es otra historia.

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