ADMINISTRACIÓN CIVIL ROMANA: LA PROVINCIA

La administración civil romana es un tema tan complejo que da para varias entradas. Por eso, tras la anterior, en la que señalaba las diferencias entre los núcleos urbanos del Imperio, voy a empezar con el gobierno de los mismos. Empiezo por el más grande, la provincia.

Tal como comenté en mi anterior entrada, la reorganización administrativa romana de las provincias del Imperio es obra de Cayo Julio César, que no pudo llegar a realizarla. Fue su sobrino, hijo adoptivo y sucesor, Cayo Julio Cesar Octaviano quien trazó una administración provincial que se mantuvo estable hasta la crisis del siglo III.

Las provincias, desde que se formaban, estaban supeditadas a la soberanía de la ciudad de Roma, pero la gran heterogeneidad de un Imperio tan inmenso obligó, ya desde la época republicana a respetar las organizaciones indígenas al tiempo que se fomentaba, sobre todo como ya he dicho, desde Cesar, y más concretamente desde Augusto, la organización urbana al estilo de la propia Roma.

La primera organización administrativa consistió en dividir las provincias en senatoriales e imperiales. Tras vengar la muerte de su tío y padre adoptivo, Octavio se presentó en el Senado en el 27 a.C. con la supuesta intención de restablecer la Res Publica (República). Esta pantomima fue respondida con otra: la supuesta protesta de los senadores. Octavio “reconsideró” su decisión, accedió a mantener el Consulado y asumió un Imperium sobre las provincias non pacatae (no pacificadas). Ese mismo día se le concedió a Octavio el título de Augustus, con el que ha pasado a la historia como primer emperador del Imperio.

Las diferencias entre unas y otras eran pocas. En las provincias imperiales, el gobernador recibía el nombre de Legatus Augusti propaetore. Su mandato duraba lo que el Princeps estimara oportuno, que en la práctica llegó a establecerse entre tres y cinco años. Al gobernar provincias con presencia militar, ostentaban además el mando de las tropas y no contaban con ningún magistrado de rango inferior. Las funciones administrativas las ejercían funcionarios imperiales, los procuratores, que tenían funciones financieras. Las militares las ejercían los comandantes, los legati legionis. En el caso de las provincias senatoriales, los procónsules tenían un tiempo de mandato limitado, normalmente un año, aunque solía haber excepciones. Estaban asistidos por otros magistrados, el llamado officium, formado por diversos subordinados y colaboradores: varios legados y un quaestor pro praetore (cuestor con imperium propretorial), elegido por sorteo para dedicarse a las finanzas. Además, los gobernadores senatoriales debían aceptar la presencia en su provincia de funcionarios nombrados directamente por el emperador: procuratores que no procedían del orden senatorial, sino del ecuestre (segunda clase social en Roma). Estos procuradores se encargaban de gestionar las propiedades imperiales en esas provincias, en ocasiones de la gestión de las minas y de la recaudación de determinados impuestos.

“Nuestra” provincia, la Hispania Citerior, con capital en Tarraco (Tarragona) era imperial, al contar con zonas no pacificadas (cántabros y astures) La gobernada un legatus Augusti propraetore, cuyas funciones eran, entre otras, la construcción y reparación de vías públicas, la supervisión de la ciudades y su consejo municipal, la administración de los bienes de la provincia, el mantenimiento del orden público, del servicio postal, la elaboración del censo, etc. A pesar de tener también funciones judiciales, la gran extensión provincial, aconsejaba que la provincia contara con un legatus iuridicus que procedía del orden senatorial. Era nombrado directamente por el emperador y dependía de este, no del gobernador. Además de los legati legionis, los procuratores ecuestres mencionados anteriormente, el gobernador contaba también con un officium o equipo de personal subalterno formado por civiles y militares, libres y esclavos que ejercían las tareas administrativas.

Augusto introdujo una gran novedad en el gobierno de las provincia: los Concilia o asambleas provinciales. Aunque su origen fue religioso, vinculado al culto imperial, llegaron a ejercer un importante papel político. En estas asambleas estaban representadas todas las ciudades de la provincia a través de diputados elegidos en ellas. Se reunían cada año en la capital de la provincia y en templo imperial, dedicado a Roma y a Augusto. Las presidía el máximo sacerdote del culto al emperador, el flamen provincial. Llegaron a convertirse en un verdadero órgano de control de los gobernadores, pues podían elevar quejas al emperador sobre la mala gestión de estos. Por otra parte, permitían la cohesión de las ciudades de la provincia.

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