LEÓN Y SUS MUSEOS

La ciudad y la provincia de León posee una riqueza patrimonial, histórica y arqueológica inmensa. Por desgracia, los ciudadanos no son demasiado conscientes de ello, algo que está motivado por la necedad política. Todos sabemos que a nuestros venerables próceres les costó trabajo y ayuda dotar esta ciudad de un museo en el que exponer parte del impresionante pasado provincial. Y digo parte porque nuestro museo no se ha quedado pequeño ante ese pasado. Se ha quedado diminuto. Tanto es así que miles de piezas se amontonan olvidadas en almacenes y muchas de ellas ofrecen un espectáculo dantesco en vitrinas del propio museo. Allí se agolpan, caóticas, con sólo unos número que las identifican.

Ante problema tan importante, nuestros queridos políticos andan bastante erráticos. Hace años que prometieron (ya sabemos que el ejercicio de la promesa les resulta grato y sencillo de olvidar) un museo judío en el barrio de Puente Castro y, recientemente un museo romano que honrase debidamente el pasado militar de nuestra ciudad. Y lo máximo a lo que han llegado es a abrir un pomposo “Centro de Interpretación de las Tres Culturas” que sólo menciona el riquísimo pasado judío de León. Del museo romano, sin embargo, no se sabe nada. Y encima surgen por ahí cabezas huecas que aseguran que tal museo no es necesario, pues para eso está el atestado museo de la ciudad.

Nuestro patrimonio arqueológico, riqueza de todos los españoles pasa, entre tanto, de almacén en almacén, pues la Junta de Castilla y León lo va a trasladar para que siga durmiendo el sueño de los justos. De restaurarlo debidamente y de exponerlo, nadie dice nada.

Otras ciudades con un pasado tan importante como el nuestro tienen museos específicos para cada época, dependiendo de la importancia de esta en su historia. Astorga, por ejemplo cuenta con un extraordinario museo romano, Toledo o Segovia con un museo judío, etc. etc. De esta manera, su oferta histórica, cultural y arqueológica se racionaliza y los diferentes museos pueden mostrar su patrimonio de una forma holgada y ordenada. 

Por todo lo dicho, considero que es urgente reconsiderar el proyecto original para la Iglesia de San Pedro en Puente Castro, a fin de convertirla en el museo judío que merece esta ciudad. Desde luego, el patrimonio hebreo de León no puede estar en un lugar mejor que en la antigua Aljama. Sería, sin duda, un museo que competiría en igualdad de condiciones con el de Toledo.

Así mismo, León necesita urgentemente un museo romano que exponga el abundantísimo volumen de piezas descubiertas en toda la provincia, incluida la mayor y mejor colección de lorigas de Europa excavadas el año pasado en la ciudad. El pasado romano de León merece un lugar específico que lo dignifique y lo muestre debidamente. De lo contrario, muchísimas piezas, incluidas las armas descubiertas permanecerán olvidadas en los almacenes del museo.

Al liberar el museo de León de estas dos importantísimas secciones históricas, quedaría espacio para mostrar el pasado prehistórico, medieval y el perteneciente a las épocas moderna y contemporánea. Estas últimas épocas, aunque no alcanzaron la grandeza de la romana y medieval (de la que desgajaríamos la parte semita) también merecen un espacio holgado dentro de nuestro museo, y en la actualidad se encuentran un tanto ajustadas.

Tendremos que rezar para que, alguna vez, surja algún político con ideas, con capacidad de inversión en su ciudad, que otorgue al patrimonio histórico de León el respeto y dedicación que se merece.

Anuncios

ADMINISTRACIÓN MILITAR ROMANA

Hasta aquí he hablado del funcionamiento de las ciudades romanas en todo el Imperio. Este funcionamiento afectaría, a Asturica y a Lancia, las más cercanas a la actual ciudad de León que entonces era el único campamento militar de la Península y gozaba de una administración diferente: la militar. Por ello, concluiré mi periplo por la organización romana en sus provincias con una leve mención a la militar.

La existencia de un ejercito permanente en Hispania fue debido a que hasta el siglo I no toda la Península estaba sometida. En el Norte aún quedaban tribus insumisas contra las que el propio Augusto dirigió una campaña en el año 27 a. C. En el transcurso de esta campaña sería sometida la ciudad astur de Lancia.

Las tribus cántabras y astures fueron “oficialmente” sometidas el año 19 a.C, pero ni aún así se retiró el acuartelamiento de la actual León. Ello se debió, al parecer a que el norte era una zona no demasiado romanizada, con poco desarrollo de las ciudades y que, además contaba con unas importantísimas minas de oro: Las Médulas. De esta manera, el ejercito tenía como misión, además de vigilar y cuidar las minas, implantar la administración romana para llegar a asentar el sistema urbano y, por lo tanto, una explotación pacífica de las minas.

Al principio, el ejército de ocupación se diseminaba en forma de legiones y tropas auxiliares por todo el norte, desde la Gallaecia hasta los Pirineos. La progresiva romanización, y por tanto urbanización fue reduciendo el número de tropas hasta quedar reducidas a un solo acuartelamiento: el de la Legio VII en época de Vespasiano. Las vicisitudes históricas, durante el llamado año de los tres emperadores, que trajeron esta legión a la Península, los he descrito ya en mi entrada dedicada al campamento.

En estos momentos de la Historia, Hispania ya no tenía fronteras, estaba bastante romanizada y la misión de la Legio VII se centró en el cuidado de las minas de oro. Esta función es otra de las “grandezas” históricas de León: no sólo tuvimos el único campamento militar de Hispania, uno de los dos únicos del occidente europeo, sino que, además, “nuestro” ejército no tenía, básicamente (aunque las mantuvo, claro está) funciones militares. Esto, añadido a su larga permanencia en el tiempo convirtió el campamento militar en otra “ciudad” más, salvando las distancias. Es decir, formaba parte de la vida de los civiles que rodeaban el acuartelamiento, ejerciendo funciones administrativas dentro de una sociedad civil y regularizada, y era igualmente un foco de “atracción” de las poblaciones indígenas. Por si fuera poco, la población civil, tanto indígena como itálica se convirtió a partir del siglo II en la única fuente de reclutas del ejército peninsular.

El ejército, además, estaba al servicio del gobierno de Tarraco, como institución provincial. Los soldados de la Legio VII, aunque tuvieran su cuartel en la actual León, se movían por toda la Península, a través de destacamentos, para cuidar de otras explotaciones mineras o para reprimir el bandolerismo, al servicio de las provincias vecinas. Es decir que, aunque sus funciones fundamentales eran administrativas y organizativas, “nuestros” soldados mantenían su función militar cuando las circunstancias así lo requerían.

ADMINISTRACIÓN CIVIL ROMANA: LA CIVITAS

Siguiendo con este “ciclo” de historia administrativa romana, entro ya de lleno en la forma básica de organización del Alto Imperio: la civitas. Roma fomentó desde el principio la creación de ciudades en todo el Imperio. Para hacerlo, el sistema general fue “atraer” a las comunidades indígenas hacia ciudades ya existentes en las que se celebraban reuniones anuales con las diferentes tribus (conventus). En ellas se centralizaba la administración romana y el culto a los dioses, tanto indígenas como romanos. Esta “atracción” supuso la romanización progresiva de esas tribus que fueron abandonando sus tradiciones y estructuras políticas mientras asumían las romanas. Esto contribuía, además, a debilitar los lazos tribales, basados en una aristocracia agraria y militar y a fusionar estas tribus con otras gentes, sobre todo latinas. El espíritu de colectividad indígena fue sustituido entonces por el individual romano. La “asimilación” se completó mediante el respeto por las clases dirigentes indígenas, a las que se “recondujo” hacia el prestigio político, al estilo romano, dentro de la ciudad. De esta manera se garantizaba su fidelidad a la Urbe.

Las ciudades, como ya comenté, eran básicamente de dos tipos: los municipios, antiguas ciudades indígenas que recibían colectivamente el derecho de ciudadanía, algo que suponía que la ciudad indígena debía “refundarse” como municipium civium Romanorum (municipio cívico Romano), lo que obligaba a sus habitantes a renunciar totalmente a sus antiguas fórmulas administrativas, adoptando las romanas, y las ciudades que no contaban con el derecho colectivo de ciudadanía. Entre ambas, sin embargo, existía un tipo especial de ciudad: el municipio latino. En ellas tampoco existía el derecho colectivo de ciudadanía, pero los indígenas recibían una carta de municipalidad latina, que otorgaba derecho a la ciudad a recibir, en un futuro próximo, la carta de ciudadanía romana y, por tanto, de municipio cívico. En este caso y en el primero, los habitantes, ciudadanos y latinos, tenían el derecho de ejercer cargos municipales en su ciudad, tras ser elegidos por sus conciudadanos.

Las otras ciudades, llamadas en general peregrinae (extranjeras en cuanto al derecho romano) no tenían estatuto jurídico y eran reguladas unilateralmente por Roma, a través de pactos que la capital podía revocar en cualquier momento. Sin embargo, ni la Urbe ni los gobernadores solían intervenir en ellas, por lo que, de hecho, se regían por leyes propias y tradicionales.

El régimen municipal de las capitales, municipios romanos y municipios de derecho latino se basaba en unas “ordenanzas” dictadas por el propio emperador, lo que hace suponer que se trataba de un régimen uniforme en todo el Imperio. Sin embargo, esto no impedía que la ciudad, con el territorio que la rodeaba, fuera una entidad autónoma. Se trataba de una “autonomía” limitada, claro está, que mantenía la supremacía del poder central y que consistía en reforzar el prestigio, social y económico, de las antiguas clases dirigentes indígenas a cambio de hacerse responsables del funcionamiento del ente autónomo ciudadano. De esta manera, la gestión política de estas ciudades estaba en manos de cuatro o seis magistrados, elegidos cada año, y de un consejo municipal vitalicio (ordo decurionum). Todos estos cargos eran honoríficos, es decir, gratuitos, con lo que se aseguraba que sólo los ciudadanos con mucho tiempo libre y gran capacidad económica podían ocuparlos. Además, teniendo en cuenta que la ciudad era también económicamente independiente y que se mantenía con las aportaciones de sus ciudadanos y los medios propios, provenientes sobre todo de las zonas agrarias, estos dirigentes políticos debían aportar su capital privado para financiar casi todas las actividades de la vida ciudadana: fiestas, juegos, abastecimiento de agua, de artículos de primera necesidad, así como repartos excepcionales de dinero y regalos entre los ciudadanos. Lejos de ser una carga, estas aportaciones se convertían, en el alto Imperio, en una especie de pugna entre las familias más ricas para ostentar un mayor prestigio social. Por el camino, el embellecimiento de sus ciudades se hacía notable. En el bajo Imperio, fue precisamente la ruina de muchas de estas familias lo que llevó al ocaso de la ciudad y, por lo tanto, del propio Imperio.

En definitiva, el municipio es un ente autónomo en su constitución interna, con leyes propias, patrimonio propio y derecho a elegir magistrados, establecer tributos y a administrar los propios bienes. Y todo ello, dentro de un sólido vínculo con la metrópoli, Roma. La ciudad comprendía, aparte de la ciudad propiamente dicha, el territorio rural, en el que se incluían las comunidades más pequeñas (pagus, vicus, fora, castellum) que no tenían administración propia y dependían de aquella tanto para las necesidades administrativas como religiosas, que se desarrollaban en el foro de la civitas.

Los habitantes de la ciudad que fueran además “ciudadanos romanos” eran de tres tipos: los civis o municeps, que además de tener la ciudadanía romana, residían en la ciudad y los incolae o residentes, ciudadanos romanos que residían de forma permanente en una ciudad, pero habían nacido en otra, de la que no perdían el origio o “nacionalidad”, y los hospite, advenae o adventores, libres que residían de forma temporal por razones de estudio, trabajo, etc. De los tres, los dos primeros estaban obligados a aceptar la munera (cargas municipales), pero sólo los civis podían optar a la magistratura. Eran elegidos a través de comicios electorales en los que participaban los ciudadanos romanos a través de un sistema bastante complejo: unas unidades de votantes que formaban, cada una de ellas una especie de corporación con sus representantes, reuniones especiales, etc.

La complejidad del sistema, y sobre todo, las cargas financieras que suponía el cursus honorum, obligó a que el senado de cada ciudad acabara ocupándose directamente de la elección desde el siglo II. A partir del siglo III, cuando la crisis del Imperio comenzaba a hacer mucho más onerosa la carrera política, la elección se hizo directamente entre los miembros de la curia municipal, con lo que el pueblo dejó de ejercer ese derecho.

El gobierno de la ciudad era ejercido por cuatro magistrados divididos en dos grupos: los duumviri iure dicundo y los diumviriri aediles potestate, a los que se añaden, en algunas ciudades, los quaestores. Gobernaban durante un año y al finalizar su mandato se unían a la curia municipal o senado. Los primeros (duumviri iure difundo) tenían el derecho y la obligación de desarrollar, junto con la curia municipal la administración de los asuntos municipales, así como la representación de la ciudad en el “exterior”, es decir: mantener correspondencia con la administración provincial y el poder central, recibir al emperador, a miembros de la familia imperial y altos funcionarios, firmar tratados o acuerdos públicos con otras ciudades, etc. Los aediles tenían varias funciones entre las que se encontraban, la policía de la ciudad y seguridad pública (cura urbis); vigilancia general sobre el mercado (cura annonae), o lo que es lo mismo, cuidar el abastecimiento, la calidad de los géneros, precios, pesos y medidas. Por último, también les correspondía regular los juegos públicos (cura ludorum).

En cuanto a los quaestores, si los había, tenían como función cuidar las arcas municipales. Es decir, actuaban como tesoreros.

La tercera institución fundamental de la ciudad era el ordo decurionum, formada por los antiguos magistrados de la ciudad. Tenía unos cien miembros que formaban el consejo municipal y se ocupaba de todas las cuestiones de interés general: gestión de capitales, trabajos públicos, tributos, ceremonias, sacrificios, fiestas y juegos anuales, otorgamiento de honores, etc. A partir del siglo II, con la pérdida de poder de los magistrados, este consejo fue acaparando todo el poder municipal hasta llegar a anular las asambleas populares que elegían a los magistrados de la ciudad.

En general, este era el funcionamiento de una ciudad romana en el Alto Imperio (siglos I y II) A partir del siglo III fueron cambiando las cosas hasta la total desaparición de la ciudad y la huída a grandes villas rurales de las clases pudientes. Esto, como ya comenté, junto con las invasiones de los pueblos bárbaros, supuso el fin del mundo clásico y el comienzo del feudalismo.

Pero eso ya es otra historia.

ADMINISTRACIÓN CIVIL ROMANA: LA PROVINCIA

La administración civil romana es un tema tan complejo que da para varias entradas. Por eso, tras la anterior, en la que señalaba las diferencias entre los núcleos urbanos del Imperio, voy a empezar con el gobierno de los mismos. Empiezo por el más grande, la provincia.

Tal como comenté en mi anterior entrada, la reorganización administrativa romana de las provincias del Imperio es obra de Cayo Julio César, que no pudo llegar a realizarla. Fue su sobrino, hijo adoptivo y sucesor, Cayo Julio Cesar Octaviano quien trazó una administración provincial que se mantuvo estable hasta la crisis del siglo III.

Las provincias, desde que se formaban, estaban supeditadas a la soberanía de la ciudad de Roma, pero la gran heterogeneidad de un Imperio tan inmenso obligó, ya desde la época republicana a respetar las organizaciones indígenas al tiempo que se fomentaba, sobre todo como ya he dicho, desde Cesar, y más concretamente desde Augusto, la organización urbana al estilo de la propia Roma.

La primera organización administrativa consistió en dividir las provincias en senatoriales e imperiales. Tras vengar la muerte de su tío y padre adoptivo, Octavio se presentó en el Senado en el 27 a.C. con la supuesta intención de restablecer la Res Publica (República). Esta pantomima fue respondida con otra: la supuesta protesta de los senadores. Octavio “reconsideró” su decisión, accedió a mantener el Consulado y asumió un Imperium sobre las provincias non pacatae (no pacificadas). Ese mismo día se le concedió a Octavio el título de Augustus, con el que ha pasado a la historia como primer emperador del Imperio.

Las diferencias entre unas y otras eran pocas. En las provincias imperiales, el gobernador recibía el nombre de Legatus Augusti propaetore. Su mandato duraba lo que el Princeps estimara oportuno, que en la práctica llegó a establecerse entre tres y cinco años. Al gobernar provincias con presencia militar, ostentaban además el mando de las tropas y no contaban con ningún magistrado de rango inferior. Las funciones administrativas las ejercían funcionarios imperiales, los procuratores, que tenían funciones financieras. Las militares las ejercían los comandantes, los legati legionis. En el caso de las provincias senatoriales, los procónsules tenían un tiempo de mandato limitado, normalmente un año, aunque solía haber excepciones. Estaban asistidos por otros magistrados, el llamado officium, formado por diversos subordinados y colaboradores: varios legados y un quaestor pro praetore (cuestor con imperium propretorial), elegido por sorteo para dedicarse a las finanzas. Además, los gobernadores senatoriales debían aceptar la presencia en su provincia de funcionarios nombrados directamente por el emperador: procuratores que no procedían del orden senatorial, sino del ecuestre (segunda clase social en Roma). Estos procuradores se encargaban de gestionar las propiedades imperiales en esas provincias, en ocasiones de la gestión de las minas y de la recaudación de determinados impuestos.

“Nuestra” provincia, la Hispania Citerior, con capital en Tarraco (Tarragona) era imperial, al contar con zonas no pacificadas (cántabros y astures) La gobernada un legatus Augusti propraetore, cuyas funciones eran, entre otras, la construcción y reparación de vías públicas, la supervisión de la ciudades y su consejo municipal, la administración de los bienes de la provincia, el mantenimiento del orden público, del servicio postal, la elaboración del censo, etc. A pesar de tener también funciones judiciales, la gran extensión provincial, aconsejaba que la provincia contara con un legatus iuridicus que procedía del orden senatorial. Era nombrado directamente por el emperador y dependía de este, no del gobernador. Además de los legati legionis, los procuratores ecuestres mencionados anteriormente, el gobernador contaba también con un officium o equipo de personal subalterno formado por civiles y militares, libres y esclavos que ejercían las tareas administrativas.

Augusto introdujo una gran novedad en el gobierno de las provincia: los Concilia o asambleas provinciales. Aunque su origen fue religioso, vinculado al culto imperial, llegaron a ejercer un importante papel político. En estas asambleas estaban representadas todas las ciudades de la provincia a través de diputados elegidos en ellas. Se reunían cada año en la capital de la provincia y en templo imperial, dedicado a Roma y a Augusto. Las presidía el máximo sacerdote del culto al emperador, el flamen provincial. Llegaron a convertirse en un verdadero órgano de control de los gobernadores, pues podían elevar quejas al emperador sobre la mala gestión de estos. Por otra parte, permitían la cohesión de las ciudades de la provincia.